Productos para la menstruación ya son un derecho en Colombia

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La Corte Constitucional ordenó al Estado proporcionar toallas higiénicas a habitantes en situación de calle

Se trata de un fallo que cobijaría a cerca de 2.000 mujeres que viven en la indigencia en Bogotá.
La sentencia invoca razones de dignidad y salubridad, y es una medida para reducir el alto riesgo al que se exponen las mujeres que no tienen más opción que recoger de la basura toallas higiénicas usadas o improvisar prendas inadecuadas.

Así fue que por una tutela promovida por tres estudiantes, una mujer en situación de calle consiguió que la Corte Constitucional tome una decisión con un alto impacto social. Ella asegura que no tiene capacidad económica para adquirir toallas higiénicas en la cantidad y en la regularidad necesaria.  

Es importante decir que solo en Bogotá se calcula que la cifra de mujeres en condiciones de indigencia puede llegar a las 1.921 de un total de 10.456 desposeídos que deambulan por las calles, según registro de la Secretaría Distrital de la Mujer. 

La carencia de orientación profesional y de recursos en materia de higiene y salud menstrual hacen que las habitantes de calle pongan en riesgo su salud. De hecho, la corte documentó cómo las mujeres se van obligadas a realizar maniobras perjudiciales como lo es manipular las toallas higiénicas y usar su relleno varias veces, así como juntar éste con otras sustancias o materiales, utilizar trapos o acudir a distintas medidas insalubres. 

Al analizar el caso, una sala de revisión de la corte Constitucional, estableció que la menstruación de la mujer no debe ser tratada como una “mera cuestión médica o patológica”. “Es un asunto de dignidad humana, del ejercicio de los derechos de las mujeres y de superación de situaciones de pobreza extrema, como la que viven las mujeres habitantes de calle”.

La Secretaría Distrital de Integración Social entregó información que indica que a la mujer que instauró la tutela se le suministraron toallas higiénicas. No obstante la corte cuestiona que de 200 visitas que hizo esta mujer a los centros de atención en cuatro años solo una vez le suministraron estos insumos necesarios.
Tampoco existe por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social documento que indique cuáles son los lineamientos generales de suministro, ni los protocolos a seguir, ni el procedimiento de registro en general para las mujeres en condiciones de indigencia. 

Así las cosas, la corte amparó los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna de la mujer en situación de calle y ordenó que la Secretaría Distrital de Salud, o la autoridad competente, se encargue del suministro de dichos materiales de absorción de sangre menstrual adecuados a las mujeres en situación de habitanza de calle.
Aunque la Secretaría Distrital de Salud argumentó que el suministro de estos insumos no es parte de su misión, la corte precisa que una política pública de manejo de la higiene menstrual debe considerar que el material absorbente (toalla, tampón, copa, etc) son un bien esencial o insustituible. 

Riesgo para la salud

El fallo del alto tribunal hace énfasis en que el uso indebido o la reutilización de estos materiales puede tener implicaciones en la salud física y mental de las personas. “Un manejo inadecuado puede resultar en infecciones en el tracto urinario o genital, los cuales traen síntomas como flujos, ardor y dolor; asimismo puede comprometer la fertilidad de las mujeres y causar dificultades para llevar una sexualidad plena o un riesgo de vulnerabilidad de contagio de enfermedades de transmisión sexual”, subraya la decisión. 
Las consecuencias también podrían traer afectaciones emocionales además que puede interrumpir las actividades cotidianas y llevar a que las mujeres se vean excluidas de la comunidad en la que se encuentran. 
De hecho, la corte llama la atención porque esta carencia lleva a que las mujeres habitantes de calle se expongan a peligros como recoger de la basura toallas higiénicas usadas o usar prendas no adecuadas –telas, entre otros–, para la absorción.
Esta situación crítica debe conducir a que el Estado tome acciones concretas para evitar el despojo de la dignidad humana. Y por ello, también ordena iniciar un proceso de identificación y de toma de decisiones el cual implica el el reconocimiento de mujeres en situación de vulnerabilidad económica, educativa y cultural. Le corresponde a la Secretaría distrital de Salud de Bogotá colaborar con la Secretaría distrital de Integración Social, para que se realicen acciones concretas que permitan una gestión de la higiene menstrual adecuada, tales como procesos de capacitación –salud preventiva– y de acompañamiento. Además del suministro de los insumos de absorción y su registro.

El acceso a estos dispositivos se debe estudiar a partir de la capacidad económica que tienen las mujeres de acceder a ellos. 
“Este estudio permitirá establecer que, en principio, existe la obligación estatal de no imponer gravámenes a este tipo de productos, pero también permitirá establecer que en aquellos casos en los cuales las mujeres no cuenten con los recursos mínimos, el Estado deberá desplegar otro tipo de medidas (políticas públicas compensatorias)”.

El fallo señala que el Estado no podrá condicionar la entrega de estos insumos a la inscripción en programas de “resocialización”. Las medidas que se adopten deberán ser complementarias con otras, que garanticen el acceso a infraestructura adecuada en caso de que la opción a entregar sean copas menstruales o esponjas marinas. “No basta con que la autoridad estatal suministre aquel que sea más económico sino también que se cuente con la infraestructura necesaria para poder cambiarlo o lavarlo”.

Además, el Estado deberá contar con un sistema que permita registrar a las mujeres que requieren de dispositivos, si necesitan algún acompañamiento o si el suministro requiere de la consideración de algún factor cultural. Este registro debe considerar, a su vez, los derechos fundamentales relacionados con el manejo de datos.

Fuente: Semana de Colombia  





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Post Author: femininja

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