El radicalismo presentó en la Cámara baja del Congreso el proyecto para establecer por Ley el Protocolo de aborto no punible

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Luego de la renuncia de Rubinstein, el diputado por San Luis, José Riccardo presentó el mismo proyecto que fuera derogado, ya obtuvo varias adhesiones y estado parlamentario

La Iniciativa Surgió luego del papelón de la derogación a las horas de ser publicada la actualización del protocolo sanitario impulsada por el renunciado Rubinstein.
El Proyecto presentado por el diputado puntano es el mismo que había presentado Rubinstein y ya logró las adhesiones de otrxs legisladorxs radicales: Lorena Matzen (Río Negro) Miguel Bazze (Buenos Aires) Gonzalo del Cerro (Santa Fe) y Claudia Najul (Mendoza)
El texto indica que la aplicación del Protocolo será “como norma de orden público en todo el territorio de la Nación” .
En sus fundamentos, el diputado Riccardo recuerdó que el alcance del aborto no punible está previsto por el art. 86 del Código Penal promulgado el 29 de octubre de 1921, cuya vigencia comenzó el 30 de abril de 1922.


Al respecto, el legislador especifi que “de los más de 300 artículos que tiene ese cuerpo legal hubo muchos cambios específicos . No es el caso del artículo 86, con casi un siglo de vigencia, tuvo el objeto de proteger a las mujeres frente a las consecuencias indeseables de una situación que es una de las pocas cosas que las diferencias de los hombres: el embarazo y en este caso, el que tiene ciertas características negativas para la salud física o mental “.
“Sin perjuicio de que en algún momento retomemos la discusión sobre una norma más amplia, y nuestros argumentos se actualizan con el tiempo, en un siglo nunca se cuestionó qué sucedió cuando con el embarazo se ponía en riesgo la vida o salud de la gestante, o habría sido producto de una violación ” .

Asimismo Riccardo detalló que por “cuestiones ideológicas” profesionales e instituciones evitan actuar en este tipo de casos. “Con ello se pone en riesgo la vida de la gestante, se la somete a trámites no requeridos por la ley, se le exige siga procedimientos judiciales largos, y todo se resuelve cuando es demasiado tarde”

“Además, esta actitud profundiza las diferencias en las posibilidades de atención sanitaria segura según la capacidad económica de la mujer que se encuentra en ese trance. Quienes tienen acceso a medios por su clase social o por su capacidad económica, solucionan rápidamente el problema; quienes no, a veces mueren ”

“El Estado, dentro de su obligación de velar por la salud de la población, debe poner a disposición la práctica, las condiciones médicas e higiénicas necesarias para llevar a cabo la interrupción de manera rápida, accesible y segura. Todo el personal de salud: médicos, administrativos, responsables institucionales; es responsable de evaluar, y no obstruir, el derecho a interrumpir del embarazo cuando este pone en riesgo la vida o la salud de la persona embarazada o cuando es producto de una violación “ .


El diputado también recordó que el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) fue actualizado en 2007 y 2015.
“La actitud de los profesionales e instituciones, la objeción de conciencia, la necesidad o no de contar con denuncia de violación y otras cuestiones fueron reguladas generando las responsabilidades del caso”
“La Secretaría de Gobierno de la Nación ha elaborado una nueva actualización que debe ponerse en vigencia. Surge de un trabajo del equipo de la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación y avanza con éxito en materia de derechos humanos, que resguarda el consentimiento autónomo, tanto de niñas y adolescentes como de personas con discapacidad ” .


Seguidamente el legislador indicó que el protocolo derogado “responde a la necesidad de actualizar la normativa, adaptando el Código Civil y Comercial de 2015 y la Resolución 65/2015 del Ministerio de Salud de la Nación. Se puede tomar en cuenta para ello las disposiciones de la Justicia, en casos como el ya conocido “FAL” y otros “ .

Sobre el final de los fundamentos, Riccardo afirmó: “Creemos firmemente que este protocolo debe ser aprobado y consagrado como Ley Nacional, de forma de darle jerarquía normativa a un instrumento que recoge una política pública, que debe trascender a un gobierno”.

“Hagamos que la norma tenga valor para todo el país, para que no haya lugar donde una mujer, niña, o adolescente se encuentre privada de acceder a la interrupción legal del embarazo, con los más altos niveles de calidad, cuando el embarazo representante “Un peligro para su vida o para su salud”, “Probada de una violación”, “Separada de una persona con discapacidad intelectual o psicosocial” .

Fuente: San Luis 24

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Post Author: femininja

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